La asignatura Política y Normativa Educativas*, le
propone abordar el marco normativo de la educación argentina, desde sus
orígenes hasta la actualidad, así como analizar críticamente la relación entre
la política, la legislación educativa y el contexto económico-social.
El modelo fundacional del
sistema educativo argentino fue un modelo de aula “desdoblado”, con una separación radical entre la educación
primaria y secundaria. Sus objetivos eran opuestos:
la primaria tenía la misión de la universalización y la secundaria debía
seleccionar a los mejores.
En un país compuesto de
criollos e inmigrantes de orígenes diversos, la escuela primaria pública fue
erigida como el órgano principal de alfabetización, unificación cultural y
gestación de una conciencia nacional.
Los principales valores del
modelo en el nivel primario se centraron en fomentar la cultura común y la
integración social para la construcción de la ciudadanía argentina. En el nivel
secundario el valor del modelo se centraba en la alta calidad y en la formación
humanística, científica y enciclopédica. El modelo “aula-desdoblado” implicaba
un “cuerpo” para todos –la primaria y una “cabeza” para pocos –la secundaria.
Con el crecimiento del sistema
educativo, los dispositivos de intervención estatal pasaron del aula al conjunto del sistema
que a partir de 1930 comienza a expandirse.
El peronismo profundiza
el modelo original, basado en la igualdad del nivel primario, y logra una
primera apertura de las puertas del nivel medio que a lo largo de las décadas subsiguientes permitirá la incorporación gradual
y sostenida de jóvenes provenientes de los sectores más humildes.
El aumento de la pobreza y el
estallido de las desigualdades sociales da lugar en los años noventa a la intervención
focalizada del Estado, lo cual implica un quiebre en la atención homogénea y
trae consigo la aparición de grandes políticas compensatorias que serán
cuestionadas por aquellos que
reivindican una intervención universal.
El impulso de la escolarización moderna
constituyó muchos de los componentes que posteriormente fueron apropiados por
las Naciones Unidas (ONU) para
consagrar la educación como derecho humano fundamental lo que implica
responsabilidades concretas para el Estado, como principal garante de su
cumplimiento.
Los Pactos o Convenciones internacionales
son los instrumentos legales que tienen mayor relevancia para garantizar los
derechos educativos, dado que determinan estándares obligatorios para los
países que los ratifican y establecen mecanismos de control.
El rol de los organismos internacionales
muestra distintas facetas en torno de la definición de los alcances de los
derechos educativos.
Otros organismos multilaterales, como el
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), no asumen el compromiso
de apoyar el avance de los derechos educativos, dado que ello podría entrar en
colisión con ciertas prerrogativas
económicas.
Las
características históricas del sistema educativo argentino y del derecho a la
educación en la Argentina ,
su temprano desarrollo en el último cuarto del siglo XIX dejaron una impronta
indeleble en el imaginario social de la educación nacional y latinoamericana.
Dichas
características sufrieron variaciones
significativas durante el siglo XX, algunas desafortunadas como la trágica
experiencia histórica de las dictaduras militares, y en particular del
terrorismo de Estado durante el período 1976-83.
Con
la democracia recuperada la
Argentina sanciona la
Ley de Transferencia de los Servicios Educativos, la Ley Federal de
Educación y la Ley
de Educación Superior.
En
1994 la Reforma Constitucional incorpora derechos sociales económicos y
culturales que ponen al derecho a la
educación en sintonía con los Pactos y Convenciones
internacionales.
Los cambios globales en la cultura acontecidos hace
más de tres lustros afectaron profundamente las políticas, las prácticas y las
instituciones educativas.
Las
transformaciones implementadas en los países latinoamericanos durante los
noventa tuvieron tras de sí “la sagrada
palabra” de los organismos internacionales que consideraban que las
políticas educativas debían apuntan a
reforzar las conexiones entre educación, empleo y el mejoramiento de la
economía nacional, con reducción de presupuestos educativos, controles
centrales más directos sobre el currículo,
evaluación y descentralización
del sistema educativo, en el marco de ideologías de mercado y de una concepción
gerencial de la administración de la educación.
La etapa que se inicia en la Argentina en la
primera
década del nuevo siglo introduce la
noción de políticas socioeducativas con la pretensión de reemplazar el modelo
compensatorio y redefinir las ideas de
universalidad, igualdad y equidad para lograr un
nuevo formato susceptible de articular el modelo universal con la heterogeneidad
social.
La búsqueda de la articulación
referida requiere revisar las derivaciones de la nueva cuestión social y los
nuevos contextos en los cuales se emplaza el sistema educativo.
La construcción de la justicia
educativa exige considerar las transformaciones sociales que tuvieron lugar en
las últimas décadas de manera conjunta con los cambios culturales que explican
porque los alumnos de hoy difieren drásticamente de aquellos de hace 30 años
atrás.
Las flamantes leyes en
materia educativa, sancionadas en el último lustro, dan cuenta de la confrontación entre el modelo de políticas
compensatorias y socioeducativas
Las
nuevas normas fueron presentadas a la
sociedad argentina como uno de los instrumentos de los que se iba a valer el
Estado Nacional para solucionar los
problemas de fragmentación y desigualdad económico-social y educativa
profundizados en la década del ´90 y a comienzos del siglo XXI.
Las leyes de Financiamiento
Educativo, de Educación Técnico-Profesional, de Protección de los Derechos del
Niño, niñas y adolescentes, de Educación Sexual, de Educación Nacional y de
Servicios Audiovisuales, promulgadas
en los últimos cinco años,
expresaron la voluntad de los poderes públicos de considerar a la
educación como un derecho social y un factor clave para desarrollar estrategias
que permitan el progreso del país, en el marco de los tratados internacionales con
rango constitucional.
La
mejora de la educación argentina
conlleva no sólo la reparación de las desigualdades materiales, sino
también la necesidad de integrar esa redistribución con el
reconocimiento de la diversidad de contextos y culturas, ello supone brindar
condiciones adecuadas de aprendizaje a todos los alumnos y fortalecer la una docencia comprometida con
la justicia educativa.
Es por todo lo expresado hasta aquí que esperamos que a través del
estudio de las temáticas que integran esta asignatura y del desarrollo de las
prácticas propuestas usted logre:
·
Identificar las variables políticas, históricas,
económicas y sociológicas y los principios que tuvieron incidencia en la
creación de las normas educativas, desde el origen de la instrucción pública
nacional hasta nuestros días.
·
Discriminar la jerarquía y validez espacial, temporal,
material y personal de la preceptiva educativa, considerando la Reforma Constitucional
de 1994, las Leyes Federal y Nacional de Educación, la Ley de Educación Superior y
las leyes de cada jurisdicción.
·
Conocer como intervino el Estado en las desigualdades sociales y
educativas a través de diferentes vías y con diferentes modelos, a lo largo de
la historia educativa nacional.
·
Reconocer diferentes posiciones en torno a la política educativa
reciente, en el marco del proceso de globalización.
·
Interpretar el sentido y el alcance de la Ley de Financiamiento
Educativo y de la última Ley de Educación Nacional.
·
Reconocer similitudes y diferencias entre la Ley Federal de
Educación y la Ley
de Educación Nacional.
·
Identificar las condiciones necesarias para la
construcción de la Justicia Educativa
* La materia se dicta en
